La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacional al Estado de Honduras por la violación las garantías judiciales, los principios de legalidad e independencia judicial, así como los derechos políticos, a la protección judicial, a la estabilidad laboral y a la integridad personal de los magistrados; José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel y Gustavo Enrique Bustillo Palma, y la magistrada Rosalinda Cruz Sequeira.
De acuerdo con la Corte IDH en 2012, tres fallos de inconstitucionalidad emitidos por dicha Sala fueron criticados públicamente por el entonces Presidente Porfirio Lobo.
El 12 de diciembre de 2012 en la madrugada, una comisión especial para investigar la conducta administrativa de las víctimas, presentó un informe en el que recomendó al Congreso valorar los hechos y considerar la destitución de los magistrados.
La destitución fue aprobada por la mayoría del Congreso en una sesión que se desarrolló mientras el edificio del poder legislativo se encontraba rodeado por miembros de las Fuerzas militares y policiales.
Por ello la Corte Interamericana determinó que las víctimas fueron destituidas por una autoridad que carecía de competencia, lo cual constituyó una violación de la garantía de la independencia judicial.
Además, dicho acto constituyó una desviación de poder pues el Congreso Nacional utilizó la facultad de aprobar o desaprobar la conducta administrativa del Poder Judicial.
Asimismo, la Corte estableció que el cese de las víctimas se llevó a cabo en ausencia de un procedimiento establecido, sin un fundamento legal respecto de las causales y la sanción Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH_CP-21/2024 español aplicables y sin que las víctimas fueran informadas ni se les concediera la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. Por ello, declaró que Honduras violó las garantías judiciales y el principio de legalidad.
De igual modo, la Corte afirmó que el Estado vulneró la garantía de estabilidad o inamovilidad en el cargo, y con ella, el derecho a acceder a un cargo público en condiciones generales de igualdad y el derecho a la estabilidad laboral.
Por su parte la Procuraduría General de la República(PGR), informó que coordinará las acciones con: La Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y Secretaría de Derechos Humanos, para el cumplimiento efectivo de la sentencia del alto tribunal interamericano.
La PGR, expresó que se reserva el derecho a ejercitar las acciones judiciales correspondientes en contra de los funcionarios que a través de sus acciones motivaron el resultado de la referida sentencia.
También reitera el compromiso del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, en su política de respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales, para construir un Estado donde prevalezca la justicia, la verdad, la no repetición y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
