El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, en audiencia celebrada el pasado 9 de mayo del año en curso en San José, Costa Rica, reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la ejecución extrajudicial de la que fue víctima Herminio Deras, así lo informó el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Díaz.
La actividad desarrollada en la Plaza La Merced de Tegucigalpa, donde se reconoció públicamente la responsabilidad internacional por el caso Herminio Deras y se anunció el inicio del cumplimiento a dicha sentencia, se da en el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos (DDHH) instituido en 1996; y, contó con la participación de la titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), Natalie Roque, del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, y de otros funcionarios.
“En un acto de reconciliación y reparación de las víctimas, el Estado se allanó reconociendo su responsabilidad internacional por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, libertad de expresión, libertad de asociación, derechos del niño, derechos de circulación y residencia, protección de la familia, propiedad privada, derechos políticos y protección judicial, relacionados con el artículo 1.1 sobre el deber del respeto y garantía, todos consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos suscrita por el Estado de Honduras”, acotó el procurador general de la República, Manuel Díaz.
Además, en el evento desarrollado en el marco de la conmemoración del Día de DD. HH., la titular de la SEDH, Natalie Roque, en respuesta al clamor de familiares y víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, presentó el programa “Memorias, Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición para la Reconciliación y Refundación de Honduras”.
La iniciativa tiene como objetivo promover, garantizar y promover el derecho a la verdad que tienen las personas que han sido objeto de violaciones a sus derechos, a través de la memoria histórica, apoyo y seguimiento a los procesos de reparación; y, facilitación al acceso a la justicia, sea esta transicional, restaurativa o tradicional.
