La estatal eléctrica une esfuerzos con la Secretaría de Energía y la Procuraduría General de la República, a través de un acuerdo amparado en el artículo 9 de la Ley Especial de Energía, para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en contratos adjudicados por administraciones anteriores a empresas generadoras privadas.
La Ley Especial de Energía ordena a la ENEE “proceder de inmediato a revisar todos los contratos de generación suscritos y que no hayan iniciado operaciones a efecto de ajustar la fecha de inicio de operación de conformidad al plan de expansión de generación o en su caso, rescindirlos”.
“Esta es otra acción del gobierno en contra de la corrupción público-privada que se enquistó durante la dictadura y que estamos dispuestos con compromiso serio y severo para erradicarla”, declaró el titular de la SEN, Erick Tejada.
Son 94 contratos que equivalen a 1,700 megavatios y serán revisados por la Mesa Interinstitucional, respetando el marco jurídico justo en función al interés del Estado y de la estatal eléctrica.
